Pablo Gil: las cuentas imposibles del Estado del bienestar y el callejón de la vivienda

El economista Pablo Gil, con cuarenta años de oficio en los mercados, rompe por completo su formato acostumbrado: sin guion, sin gráficos, solo una auditoría cargada de emoción y sin contemplaciones. Su tesis cae en la primera frase: los gobernantes conocen el estado verdadero del bienestar pero no pueden decirlo en voz alta, porque la sinceridad se pagaría muy cara en las urnas. Durante años se prometió que todo tenía arreglo; las cuentas públicas, sostiene, dejaron de cuadrar hace mucho.

El Estado del bienestar es un paraguas amplio: cobertura del desempleo, escuela y sanidad sostenidas con fondos públicos, techo para los hogares frágiles, seguridad nacional. Lo que inquieta a Gil es la brecha entre lo que se pide y lo que se puede: la ciudadanía reclama una protección cada vez mayor mientras los ejecutivos, atenazados por la deuda y los intereses, disponen de un margen cada vez menor. España es el escenario de esta tensión, aunque la obra se representa en otros muchos teatros.

No es un relato español: la misma tenaza aprieta a Alemania, a Francia de modo aún más visible, al Reino Unido y a Estados Unidos, sobre todo a la mitad de menor renta. El denominador común es estructural: desde hace más de una década el gasto corre por delante de los ingresos y la diferencia se tapa con endeudamiento. Mientras el dinero fue gratis, el montaje permaneció oculto. Nadie habla de la factura del agua mientras los grifos manan abiertos.

La herencia de los años al cero por ciento

De 2010 a 2021 las economías avanzadas vivieron un episodio insólito en la historia monetaria, con los tipos oficiales en cero e incluso en negativo en varios países. Los Estados emitían bonos casi gratis, y en algunos plazos hasta cobraban por endeudarse; Gil evoca un saldo de bonos con rendimiento negativo cercano a los 18 billones de euros. Ficción pasajera confundida con un régimen permanente: bastantes responsables dieron por eternos aquellos días. La cuenta llega ahora.

La revancha llegó con la inflación. Desde la pandemia, la subida acumulada de precios en las economías avanzadas suma entre un 20 y un 25 por ciento según el país, empobreciendo en silencio a quien no pudo blindar su dinero. España muestra un cuadro más severo: el sueldo nominal parece crecer, pero el salario real descontada la inflación lleva ocho o nueve años inmóvil. Los registros de Euribor Rates reflejan lo hondo del suelo de tipos de entonces, y las compilaciones de TradingEconomics sitúan la referencia del euro cerca del 2,65 por ciento. Benigno en perspectiva histórica, ese nivel sacude unos presupuestos criados al cero.

El daño no viene solo del encarecimiento del crédito nuevo, sino de la renovación de la deuda vieja. Los papeles colocados a tipos cero o negativos en 2019 y 2020 vencen y han de refinanciarse a los tipos vigentes, de modo que la carga de intereses se acumula ejercicio tras ejercicio. El coste de la financiación larga sube más deprisa que las referencias cortas: la presión habita la estructura de vencimientos. Los datos de TradingEconomics colocan la deuda española en el 100,7 por ciento del PIB, frente a la cima del 119,3 por ciento en 2020; BBVAResearch calcula el déficit en torno al 2,4 por ciento del PIB a fines de 2025. Las proyecciones de BNPParibas dibujan superávit primario desde 2026, condicionado a que aguante la disciplina del gasto.

Los hogares notan esta aritmética sobre todo en la vivienda. Los precios de las casas corren muy por delante de la inflación general mientras las rentas reales se estancan, y la brecha de acceso se ensancha cada curso. Un estudio de Idealista mide que en el primer trimestre de 2025 un hogar debía dedicar el 23 por ciento de sus ingresos para comprar y el 36 para alquilar; en diez capitales de provincia la carga del alquiler supera el 30 por ciento de la renta. Dicho de otro modo, el sueldo juega en una liga y los precios en otra.

La oferta de alquiler que se esfuma

En el alquiler, la oferta poco menos que se ha esfumado. Las mediciones de Idealista señalan los anuncios un 56 por ciento por debajo del máximo de fines de 2020; entre marzo de 2020 y enero de 2025 el retroceso alcanza el 58,1 por ciento en Barcelona y el 46,7 en Madrid. Con la demanda crecida y los anuncios a la mitad, las rentas encadenan máximos. Una compilación de Alegria Realestate traslada subidas del 8,5 por ciento en 2025, hasta 14,7 euros por metro cuadrado en diciembre. Para miles de buscadores, hallar un alquiler estable resulta hoy casi imposible.

En el centro del debate se alza la ley de vivienda de 2023. Redactada con buena intención para amparar al inquilino, su resultado, en palabras de Gil, fue desastroso. El caso catalán impresiona: tras los topes, la oferta barcelonesa se desplomó hasta perder cerca de cuatro quintas partes de los anuncios. Los especialistas de Idealista prevén la oferta catalana cerca de sus mínimos históricos en 2026, con propietarios que retiran sus pisos y otros que viran al alquiler de temporada, fuera de los topes. La distancia entre el propósito y el efecto se mide en abismo.

Gil lo resume con un juego de sillas: diez personas en torno a ocho asientos, culpándose entre sí. El debate, defiende, no debería versar sobre los jugadores ni sobre la etiqueta del precio, sino sobre las dos sillas que faltan; el asunto no es quién posee qué, sino que se construyen poquísimas casas. Cuando la oferta alcanza a la demanda, los precios se serenan; cuando la supera, retroceden. Los nuevos decretos, a su juicio, se limitan a repartir ocho sillas entre diez jugadores en vez de añadir asientos, y los estímulos a la demanda, como las ayudas de 50.000 euros a la compra, acabarán tarde o temprano en los precios.

El otro frente es el derecho de propiedad. La tutela del inquilino es un valor constitucional, pero la propiedad también lo es; los esquemas que cargan el riesgo de impago sobre el erario pierden crédito al recordar las ayudas pretéritas, tras el volcán y las inundaciones, que tardaron años en llegar a las víctimas. La sima entre las garantías del papel y la vida alimenta la ira de la calle. Un doble rasero percibido de forma tan extensa se vuelve combustible para la tensión.

Polarización, tenaza fiscal y busca de refugio

En el frente político manda la ingeniería del relato. Cada fracaso se cuelga del bando rival, la polarización de rojos contra negros y el lenguaje de grada impiden a sectores enteros discutir con cifras. Gil sostiene que los gobernantes se preocupan menos de reparar que de dominar la historia, y mediante ella los votos y los escaños. Una multitud polarizada se conduce como un rebaño; un público que lee los datos y conserva el mordisco se gobierna mucho peor. La batalla verdadera no versaría, pues, sobre alquileres ni sueldos, sino sobre quién decide qué creer.

El frente fiscal completa el cuadro. Los tramos del impuesto sobre la renta, jamás reindexados a los precios, engordan cada curso la exacción; la porción de los beneficios que llega a las plantillas y la ejecutoria de las organizaciones laborales subvencionadas añaden agravio. Su pregunta es sencilla: por qué nadie ataca la raíz, la oferta ausente y el sueldo real congelado. Porque las raíces se tratan en años mientras los calendarios de votación hablan en meses. La gran retórica solidaria junto al farolillo europeo en vivienda social resume la contradicción.

Gil cierra invitando a cada ciudadano a levantar su propio plan de resguardo, con cita el 17 de octubre en Madrid: geopolítica, inmuebles, metales preciosos, criptoactivos, sociedades no cotizadas y fiscalidad estarán sobre la mesa. Queda flotando la pregunta incómoda: qué ocurriría el día en que los políticos suelten la ficción y hablen claro. Hasta entonces, el único seguro de quienes pagan la cuenta vía inflación consiste en leer las cifras y llevar sus números. Menos una profecía sombría que una tardía llamada a la madurez.